El Senado de Chile aprobó recientemente el proyecto de ley que establece nuevas normas sobre el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden en situaciones de orden público. Después de intensas discusiones y múltiples votaciones que se extendieron a lo largo de dos días, los senadores lograron despachar la iniciativa que ahora pasará a ser examinada por la Cámara de Diputados. Este proyecto, que incorpora directrices sobre el uso de la fuerza letal en casos de protección de infraestructura crítica, ha generado un considerable debate entre legisladores de diferentes partidos, evidenciando la división sobre cómo debe ser regulado el actuar de las fuerzas de seguridad en el país.
La votación se caracterizó por una clara mayoría de la coalición de derecha, que logró rechazar varios de los planteamientos de oposición durante la discusión de la iniciativa, especialmente en lo que se refiere al principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza. Los senadores de la UDI celebraron su capacidad de preservar el uso de armas letales en circunstancias determinadas, argumentando que se requiere un cambio cultural respecto al uso de la fuerza policial. Sin embargo, este triunfo legislativo no fue total, ya que no lograron desviar a los casos de los miembros de las Fuerzas Armadas a la jurisdicción de los tribunales militares.
El ministro de Interior, Luis Cordero, enfatizó que, a pesar de las diferencias en cuanto a la aplicación de ciertos principios, el proyecto mantenía una matriz de consenso entre el Gobierno y la oposición. Cordero afirmó que la nueva regulación busca brindar certeza tanto para las fuerzas armadas como para los ciudadanos, en un contexto donde la falta de una normativa clara había creado confusión y desconfianza. Destacó que el avance hacia la claridad en las reglas de uso de la fuerza es esencial para garantizar la seguridad pública y el orden.
En el marco de la discusión, el tema de la Justicia Militar se convirtió en un punto de fricción, especialmente en relación con el tratamiento de las acciones de los miembros de las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de sus deberes. La propuesta de devolver competencias a la Justicia Militar fue rechazada, generando un debate sobre la necesidad de un sistema judicial que garantice la imparcialidad en los procesos. Los senadores de la UDI argumentaron que ser juzgados por un tribunal especializado ofrecía una mayor protección para los miembros de las fuerzas de seguridad, pero esta postura no logró consolidarse en la votación final.
Entre las decisiones tomadas, destaca la ratificación de normas sobre el uso de la fuerza y la protección de infraestructura crítica, así como la eliminación de ciertas restricciones sobre el uso de armamento menos letal. Estas modificaciones han sido recibidas con preocupación por diversos sectores de la sociedad, que temen que la falta de regulaciones claras pueda conducir a abusos por parte de los cuerpos de seguridad. A medida que el proyecto avanza hacia la Cámara de Diputados, el debate sobre el equilibrio entre la seguridad y los derechos humanos continúa siendo una cuestión central en la agenda política del país.
