La Contraloría General de la República ha tomado razón del decreto promulgatorio de la Ley N°21.792, que establece la obligación de las aerolíneas de proporcionar listados de pasajeros a la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), Carabineros y al Ministerio Público. Esta normativa exige que, una vez finalizado el proceso de embarque, las aerolíneas presenten un registro completo que incluya la identificación y el destino de cada uno de los pasajeros transportados, así como de aquellos que serán transportados en vuelos futuros. La implementación de esta ley busca mejorar la seguridad pública y fortalecer la capacidad del estado para luchar contra el crimen organizado y la evasión de la justicia.
La mencionada ley es considerada un avance significativo en la estrategia del gobierno para enfrentar el tráfico de drogas y la inmigración ilegal en el país. Al proporcionar a las autoridades acceso a los listados de pasajeros, se espera que se logre una mejor coordinación entre las entidades de seguridad, lo que permitirá detectar y detener a individuos que pudieran representar una amenaza. Este tipo de medidas ya ha sido exitoso en otros países, donde se han utilizado datos de vuelos para identificar actividades ilícitas y en la identificación de personas con antecedentes judiciales.
El diputado Carlos Bianchi, del partido Independiente-PPD y uno de los principales impulsores de esta normativa, manifestó su satisfacción ante la aprobación de la ley. «Hoy se necesita tener mayores controles, y las líneas aéreas no estaban entregando esa información; por lo tanto, esta ley viene a resolver un permanente reclamo y petición por parte de la policía para poder acceder con anticipación a este listado de pasajeros», comentó Bianchi en un comunicado. Su intención es llenar un vacío que existía en el control de los movimientos de aquellas personas que podrían estar involucradas en actividades delictivas.
Además, Bianchi recordó la importancia de leyes complementarias que abordan el endoso de pasajes, señalando que esta práctica ha sido explotada por grupos delictivos para facilitar el traslado de personas indocumentadas. Tal situación, donde pasajes son comprados masivamente y luego endosados, complicaba el control de la migración y podía facilitar la movilidad de criminales que utilizan rutas aéreas para transitar ocultamente por el país. La nueva ley pretende llenar estos vacíos y poner fin a estas prácticas, contribuyendo así a una mayor seguridad en el transporte aéreo.
Por último, la implementación efectiva de la Ley N°21.792 requerirá la colaboración entre las aerolíneas y las autoridades correspondientes para garantizar que la información se procese de manera adecuada y rápida. Se espera que esta medida no solo sirva como un mecanismo de seguridad, sino que también ayude a fomentar la confianza en el sistema de transporte aéreo del país, ofreciendo un entorno más seguro tanto para los pasajeros como para las comunidades que los reciben. Las próximas fases de implementación serán claves para evaluar el impacto real de esta normativa sobre la seguridad pública en Chile.
