La Fiscalía de Calama solicitó este viernes penas de 18 años de cárcel para los nueve excadetes del club Cobreloa, quienes se encuentran acusados de violación grupal. Esta solicitud se produjo tras un extenso año de indagatorias, que comenzaron con la denuncia presentada por una joven en septiembre de 2021. El fiscal jefe, Eduardo Peña Martínez, destacó la gravedad de los hechos al señalar que la víctima se encontraba en un estado de vulnerabilidad debido a sus condiciones de intoxicación, lo que le imposibilitó resistir a los ataques de sus agresores.
Los detalles de la denuncia revelan que la joven asistió a una fiesta donde estaba presente uno de los jugadores. En un momento, este individuo la llevó al baño, y al ingresar, se encontró con dos personas más que la retuvieron contra su voluntad. Posteriormente, fue trasladada a otra habitación donde habían otros hombres, quienes también participaron en el acto delictivo, lo que ha incrementado la preocupación y la indignación pública hacia el caso.
Desde mayo de 2024, seis de los futbolistas han estado bajo prisión preventiva tras un operativo que incluyó acciones coordinadas en varias ciudades, incluyendo Osorno, Santiago y Calama. Dos de los imputados, sin embargo, lograron cambiar su medida cautelar a arresto domiciliario total el 29 de mayo. Las identidades de los acusados permanecen bajo reserva por orden judicial, una medida que se aplica para proteger tanto a la víctima como a los imputados en este caso tan delicado.
La audiencia de preparación para el juicio oral se programará próximamente, momento en el cual la Fiscalía tendrá la responsabilidad de presentar todas las pruebas recopiladas durante el proceso de investigación. Este caso no solo ha acaparado la atención de las autoridades locales, sino que también ha sido objeto de debate en la sociedad chilena, donde los temas de violencia de género y abuso en ámbitos deportivos son cada vez más relevantes.
Los hechos denunciados han suscitado una fuerte reacción tanto dentro como fuera del ámbito deportivo, con un llamado a la acción para que se implementen medidas más estrictas que favorezcan la seguridad de las mujeres en espacios recreativos y deportivos. La Fiscalía espera que este caso sirva de precedente en la lucha contra la impunidad por agresiones sexuales, y se instiga a las víctimas a que se sientan apoyadas y respaldadas al levantar su voz contra los abusos.
