La situación en torno al «trueque» entre el Serviu y la familia Allende está generando un intenso debate en el ámbito político chileno. El acuerdo, que permite saldar una deuda vinculada a la Casona donde opera la Fundación Salvador Allende, ha sido objeto de críticas severas por parte del partido Republicanos, cuyo portavoz, la diputada Chiara Barchiesi, ha calificado la operación como un «insólito acto» que compromete bienes públicos. Según Barchiesi, la entrega de 93 obras de arte como forma de pago no solo resulta cuestionable, sino que plantea preocupaciones acerca de la integridad y la transparencia de la gestión de los recursos públicos relacionados con la fundación.
Además de las críticas de los Republicanos, la diputada Paula Labra, integrante de la Comisión Investigadora de la Fundación Salvador Allende, también ha expresado su descontento, sugiriendo que la fundación ha prosperado a expensas del Estado y que podría haber detrás un entramado de favoritismos políticos. Labra ha señalado el peligro de la falta de una revisión exhaustiva del acuerdo, sugiriendo que podría haber más irregularidades ocultas. La preocupación es que la transacción, que se alega se formalizó en 2017, carezca de un mecanismo claro para asegurar que los bienes transferidos realmente beneficien a la cultura y la sociedad chilena.
En respuesta a las críticas, el oficialismo ha defendido la legitimidad del acuerdo, considerando las acciones de la oposición como una «persecución» hacia la familia Allende y su legado. El senador Tomás de Rementería, del Partido Socialista, ha subrayado que la Fundación Salvador Allende maneja obras de arte valiosas que forman parte del patrimonio del Estado de Chile. Desde esta perspectiva, las acusaciones en contra de la fundación y del acuerdo de dación en pago parecen más un ataque político que una verdadera búsqueda de accountability en el uso de los recursos públicos.
La falta de un espacio adecuado para la preservación de las obras de arte es uno de los factores que ha contribuido a la demora en el traspaso físico de los bienes. Esta situación ha suscitado dudas respecto a la gestión administrativa del Serviu y a la capacidad de la Fundación Salvador Allende para manejar adecuadamente los recursos que le han sido asignados. La controversia ha puesto de manifiesto la necesidad de una revisión más rigurosa sobre cómo se están gestionando y utilizando los recursos públicos en este contexto.
Finalmente, la Comisión Investigadora ha anunciado la intención de interpelar a altos funcionarios del Gobierno, incluyendo a la ministra de las Culturas y a la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, para esclarecer los detalles de la operación y el uso de los recursos implicados. Este encuentro será clave para determinar la validez del acuerdo y asegurar que no haya un uso indebido de bienes públicos en beneficio de la Fundación Salvador Allende. La situación sigue desarrollándose en un contexto en el que la transparencia y la rendición de cuentas son más críticas que nunca para la confianza pública en las instituciones.
