La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho un llamado urgente al Gobierno de El Salvador para que ponga fin al régimen de excepción, que se implementó en marzo de 2022 con el objetivo de combatir a las pandillas. En un comunicado oficial, la CIDH expresó su preocupación ante la «indebida aplicación» de este régimen, que ha sido prorrogado en 41 ocasiones por la Asamblea Legislativa. Advirtieron que las medidas, aunque proclamadas en el marco de la lucha contra el crimen organizado, están afectando a personas que no tienen relación con actividades delictivas, lo que deriva en violaciones sistemáticas de derechos fundamentales.
Desde su instauración, el régimen de excepción ha llevado a más de 88.000 detenciones, muchas de ellas sin justificación legal adecuada. La CIDH remarcó que este marco legal, que suspende derechos esenciales, como el derecho a la defensa y la inviolabilidad de la correspondencia, ha sido utilizado para ampliar los plazos de la detención administrativa hasta 15 días. Este uso extendido y, a menudo, inapropiado de la legislación ha generado un clima de incertidumbre y temor entre la población salvadoreña, cuya confianza en el sistema de justicia se ve cada vez más erosionada.
La CIDH ha señalado que, a pesar de que el Gobierno reporta una disminución significativa de la criminalidad en el país, no se puede justificar la suspensión indefinida de derechos humanos como un medio válido para combatir la delincuencia. La Comisión hace eco de fueron mencionados casos de defensores de derechos humanos que han sido detenidos en el contexto del régimen de excepción, quienes enfrentan plazos de control judicial extendidos y, en muchas instancias, condiciones de detención deplorables. Esto marca una grave alerta sobre el estado de la democracia y el respeto por los derechos en El Salvador.
Por otro lado, el impacto del régimen ha sido negativo en la vida de miles de familias salvadoreñas, quienes han presentado más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, que van desde detenciones arbitrarias hasta casos documentados de tortura. Entre estas denuncias, se han reportado más de 400 muertes de detenidos bajo custodia estatal, muchas de ellas con señales de violencia, lo que plantea serias preocupaciones sobre la conducta de las fuerzas del orden público y la protección de la vida de quienes se encuentran en el sistema penitenciario.
El régimen de excepción fue una respuesta a una serie de asesinatos que conmocionaron al país a finales de marzo de 2022. Sin embargo, el uso continuo de estas medidas extraordinarias ha llevado a críticos a afirmar que se ha convertido en un mecanismo autoritario para mantener el control del Gobierno. Aunque esto ha beneficiado políticamente al presidente Nayib Bukele, quien ha obtenido altos índices de aprobación y su reelección, el costo social y humano de estas políticas sigue aumentando, poniendo en tela de juicio el verdadero compromiso del estado salvadoreño con la protección de los derechos humanos.
