Organismos internacionales como la ONU y la Unión Europea (UE) han manifestado su enérgica condena ante la promulgación de una nueva ley por parte del régimen talibán en Afganistán. La norma impone severas restricciones sobre la conducta y vestimenta de las mujeres, limitando incluso su capacidad de hablar en público, lo que ha sido calificado como un ataque directo a los derechos humanos.
Restricciones cada vez más estrictas para las mujeres
Desde que los talibanes tomaron el control de Afganistán en agosto de 2021, han implementado una serie de prohibiciones regresivas que afectan especialmente a las mujeres. La reciente ley, promulgada bajo la supervisión del Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, refuerza el uso obligatorio del velo integral (hiyab) y regula también la apariencia de los hombres, exigiéndoles dejarse crecer la barba.
La norma también establece que las mujeres no pueden hablar en voz alta en espacios públicos, una disposición que fue denunciada por Roza Otunbayeva, representante Especial de la ONU para Afganistán:
«Esta legislación extiende las restricciones ya intolerables, y ahora incluso el sonido de las voces de las mujeres es considerado inmoral».
Críticas de la ONU y la comunidad internacional
La Misión de la ONU en Afganistán (UNAMA) calificó esta ley como una señal preocupante de lo que podría ser el futuro del país bajo el régimen talibán. Según un comunicado, la norma impone amplias restricciones sobre la conducta personal y otorga poderes excesivos a la policía moral, lo que agrava la situación de los derechos humanos en el país.
El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren, también se sumó a las críticas, asegurando que la ley «busca silenciar a las mujeres, es decir, a la mitad de la población del país». Desde la Cancillería chilena, se reafirmó el compromiso con la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres y niñas afganas.
UE: «Una persecución de género»
Por su parte, la Unión Europea expresó su profunda preocupación por las medidas adoptadas por los talibanes. Josep Borrell, alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, declaró que la ley representa un «nuevo obstáculo» en las relaciones entre la comunidad internacional y el régimen afgano:
«Esta decisión es otro golpe que socava los derechos de mujeres y niñas, algo que no podemos tolerar».
Borrell también advirtió que estas restricciones «podrían constituir persecución de género», un crimen contra la humanidad según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, tratado del que Afganistán es Estado Parte. Instó a los talibanes a revocar la ley, advirtiendo sobre las posibles repercusiones legales y políticas.
El retroceso de los derechos de las mujeres bajo el régimen talibán
Desde su regreso al poder, los talibanes han prohibido la educación superior femenina y han impuesto normas cada vez más restrictivas para las mujeres, restringiendo su movilidad y participación en la sociedad. Estas políticas han generado un rechazo generalizado por parte de la comunidad internacional, que hasta ahora no ha reconocido oficialmente al Gobierno interino talibán.
Sin embargo, algunos países como China y Emiratos Árabes Unidos han comenzado a tender puentes diplomáticos con los talibanes, reconociendo a sus embajadores. Estas acciones han sido cuestionadas por organizaciones de derechos humanos, que temen que la normalización de relaciones internacionales con el régimen pueda debilitar los esfuerzos para proteger los derechos fundamentales en Afganistán.
La nueva ley impuesta por los talibanes es un duro golpe contra los derechos de las mujeres y evidencia el retroceso social que vive Afganistán bajo su control. Organismos como la ONU y la UE han advertido que estas medidas no solo marginan a la mitad de la población, sino que podrían constituir crímenes contra la humanidad.
El futuro del país depende, en gran medida, de la presión internacional para revertir estas políticas discriminatorias, aunque el panorama sigue siendo incierto ante la falta de consenso global sobre cómo abordar las relaciones con el régimen talibán.
