Un total de 3.532 funcionarios públicos en Chile se vieron involucrados en un escándalo relacionado con licencias médicas irregulares, las cuales fueron emitidas por un grupo de 44 médicos que actualmente están siendo investigados penalmente. Según el 13° Informe Consolidado de Información Circularizada (CIC) de la Contraloría General de la República (CGR), se analizó un listado proporcionado por la Fiscalía Nacional que incluía un total de 10.111 licencias médicas emitidas entre los años 2020 y 2022. Este análisis evidenció que de las 6.632 personas que recibieron estas licencias, 3.532 continuaban en funciones hasta junio de 2025, lo que sugiere que el impacto del problema es significativo y extenso dentro de la administración pública.
Un detallado examen de las licencias ilegítimas reveló que el 79% de las autorizaciones se relacionaba con diagnósticos de salud mental, acumulando un total de 192.781 días de calificación de reposo. Este dato pone de relieve un posible abuso del sistema que podría tener implicaciones serias sobre la evaluación de la salud mental en el país. Las licencias fueron emitidas a trabajadores de diversas entidades, incluyendo municipalidades y las Fuerzas Armadas, lo que eleva la preocupación sobre la confianza en el sistema público de salud y la integridad de los profesionales involucrados.
Dentro del grupo de los 44 médicos en cuestión, se encontró que todos son de nacionalidad extranjera y que 10 de ellos desempeñaron funciones como funcionarios públicos entre 2019 y 2024. De estos médicos, cinco no contaban con el Examen Único Nacional de Competencias Médicas (EUNACOM), un requisito indispensable para operar en el sistema de salud pública de Chile. Esto plantea serias dudas sobre los procesos de contratación y supervisión de los médicos extranjeros que prestan servicios en el país, los cuales deben considerar la validez de las credenciales profesionales antes de su contratación.
Además, se identificó que 5.284 trabajadores que habían hecho uso de licencias médicas durante el periodo 2020-2022 recurrieron nuevamente a ellas entre 2023 y 2025. De estas licencias, 1.208 provienen de seis médicos que están bajo investigación por el Ministerio Público. La Contraloría ha prometido tomar acción, notificando a las entidades involucradas para que se inicien los procedimientos disciplinarios correspondientes. Esto sugiere un compromiso de las autoridades por corregir las irregularidades y hacer valer la ley en torno a este tema, que afecta tanto a la seguridad pública como a la administración de los recursos del Estado.
Finalmente, se informa que hay una investigación penal en curso y que las responsabilidades administrativas de los implicados no han prescrito, lo que podría resultar en consecuencias severas para aquellos responsables. Además, los organismos que contrataron a estos médicos extranjeros tendrán que justificar por qué permitieron que profesionales sin el EUNACOM ejercieran en el sistema público. Este caso subraya la necesidad de revisar y fortalecer los controles en la contratación de personal en el ámbito de la salud, para evitar la manipulación del sistema de salud pública y proteger los derechos de los trabajadores y ciudadanos.
