El diputado Joaquín Lavín León, exmiembro de la Unión Demócrata Independiente (exUDI), ha puesto en la mira a su exasesor Arnaldo Domínguez en medio de una tormenta legal por presunto fraude al fisco. Lavín se encuentra en el centro de una ofensiva llevada a cabo por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que ha presentado graves acusaciones en su contra. Entre las sospechas que lo afectan se incluyen la presentación de facturas falsas en el Congreso, financiamiento ilegal de campañas políticas, fraude fiscal y lavado de activos, un conjunto de delitos que comprometen seriamente su carrera política y su libertad.
La Fiscalía Oriente, encargada de investigar las denuncias, ha recopilado una cantidad significativa de antecedentes que podrían derivar en una eventual formalización del parlamentario, quien ya se enfrenta a la solicitud de prisión preventiva. Durante su declaración ante la fiscal Constanza Encina y la Policía de Investigaciones (PDI), Lavín optó por no ejercer su derecho a permanecer en silencio y, en un extenso informe de 55 páginas, ha defendido su inocencia al señalar a Domínguez como el responsable de las rendiciones de gastos, declarando que el sistema de rendiciones parlamentarias no pasa por el parlamentario.
En su declaración, Joaquín Lavín destacó que su excolaborador, quien fue su mano derecha durante cerca de diez años, fue desvinculado de su equipo en abril. Domínguez, según el legislador, se había hecho cargo de todos los aspectos relacionados con su trabajo territorial desde que se unió a su equipo en 2014. Esta afirmación ha sido fundamental para que Lavín trate de desvincularse de cualquier responsabilidad directa en las irregularidades presentadas ante las autoridades.
Asimismo, el parlamentario abordó su relación con Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú, señalando que siempre han estado en el mismo bando durante sus campañas electorales. Sin embargo, Lavín negó haber dictado instrucciones sobre la administración del municipio una vez que Barriga asumió su cargo. Reconoció haber recomendado a personas de confianza, pero enfatizó que nunca intervino en la gestión interna del municipio, lo que podría ser fundamental para su defensa.
Por otro lado, Lavín admitió la existencia de listas sobre funcionarios municipales que debían ser removidos, pero aclaró que esos listados fueron elaborados por jefaturas municipales que le acercaron la información después de la elección de Barriga. «Yo recopilé los listados, pero fueron ellos quienes me entregaron esta información», explicó Lavín. El caso ha tomado un giro preocupante, ya que incluye el allanamiento de su oficina parlamentaria en octubre del año pasado y podría avanzar hacia un desafuero en la Corte de Apelaciones de Santiago, donde el diputado enfrentaría graves cargos por delitos económicos, potencialmente enfrentando medidas cautelares como la prisión preventiva.
