La Fiscalía Regional de Tarapacá ha elevado una acusación formal contra la Fuerza Aérea de Chile (FACh) tras el sorprendente descubrimiento de cinco funcionarios de la 1era Brigada Aérea de Iquique, quienes fueron detenidos intentando transportar droga en un vuelo institucional hacia Santiago. Este hecho ha generado una intensa controversia, dado que involucra a personal militar en un delito grave como el tráfico ilícito de estupefacientes. La fé pública del Ministerio Público se encuentra ahora en entredicho, y la falta de colaboración por parte de la FACh complica aún más la situación.
La fiscal Trinidad Steiner, encargada del caso, se mostró contundente al informar que, además de la detención de los militares, se solicita formalmente que la Fuerza Aérea remita todos los antecedentes pertinentes al caso. La respuesta que recibió no fue la esperada, ya que la FACh argumentó que consideran que son ellos quienes tienen la competencia para manejar la situación, evitando así el envío de información a la justicia ordinaria. Esto plantea una clara dificultad en la búsqueda de justicia, dado que el caso involucra a funcionarios públicos en un delito que afecta gravemente la seguridad del país.
La negativa de la Fuerza Aérea a remitir la información requerida ha llevado a la fiscal Steiner a planificar los próximos pasos a seguir. Entre sus medidas, se encuentra la convocatoria de una audiencia de contienda de competencia ante la Corte de Apelaciones de Iquique. Este recurso legal permitirá que el tribunal superior determine quién debe llevar a cabo la investigación: si la justicia civil, representada por el Ministerio Público, o la justicia militar, lo cual es un aspecto esencial para la correcta administración de justicia en este caso.
El hecho de que oficiales de la FACh estuvieran involucrados en un caso de tráfico de drogas a bordo de un vuelo institucional plantea serias interrogantes sobre la integridad y los procedimientos dentro de esta rama de las fuerzas armadas. La situación no solo pone en riesgo la confianza pública en la Fuerza Aérea, sino que también subraya la necesidad de una mayor supervisión y transparencia en las instituciones militares. La fiscalía ha reiterado su compromiso de esclarecer los hechos, independientemente del estatus de los acusados.
Este incidente ha suscitado un amplio debate en la sociedad chilena sobre la relación entre las fuerzas armadas y el narcotráfico. La posibilidad de que miembros de la FACh estén implicados en actividades ilegales pone de manifiesto un problema estructural que debe ser abordado con urgencia. La interlocución entre la fiscalía y la Fuerza Aérea es crucial para continuar con la investigación y sentar un precedente sobre la rendición de cuentas en las instituciones militares. A medida que el caso avance, se espera que más detalles surjan y que las instituciones involucradas se vean obligadas a tomar medidas concretas para resolver este escándalo.
