A partir del 1 de enero de 2025, los contribuyentes en el país recibirán una significativa mejora en la defensa de sus derechos tributarios, gracias a la implementación de la nueva Ley de Cumplimiento Tributario. Esta legislación establece que los contribuyentes contarán con la posibilidad de acceder a la representación judicial proporcionada por la Defensoría del Contribuyente, conocida como Dedecon. Este organismo se encargará de tramitar procedimientos judiciales ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros, así como ante los tribunales superiores de justicia, permitiendo que los contribuyentes que enfrentan problemas legales o administrativos puedan tener un respaldo legal efectivo.
La Dedecon se posiciona como una herramienta crucial para aquellos que se sientan vulnerados en sus derechos tributarios, al poder interponer reclamos por acciones u omisiones de las autoridades que afecten a los contribuyentes. Esta nueva atribución refuerza el papel de la Defensoría como protector de los derechos de los ciudadanos, especialmente en aspectos relacionados con la tributación nacional interna, el cobro de deberes tributarios y la tributación aduanera. Con estas medidas, se busca equilibrar el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el respeto a los derechos individuales de los contribuyentes.
El desarrollo de esta iniciativa también busca ayudar a las microempresas y a las personas naturales que anteriormente no tenían acceso a una representación judicial privada efectiva. La Dedecon ha enfatizado que, gracias a esta nueva ley, se podrá “equiparar la cancha” en el ámbito tributario, asegurando que todos los contribuyentes, sin importar su tamaño o capacidad económica, tengan la posibilidad de ser defendidos adecuadamente ante la ley. Las intenciones de la Defensoría son claras: brindar un recurso accesible y eficiente para proteger los derechos de los ciudadanos en lo que respecta a sus obligaciones tributarias.
En adición a la representación judicial, la Dedecon también proporcionará servicios de representación administrativa ante la Tesorería General de la República (TGR) y el Servicio Nacional de Aduanas, similar a lo que ya realiza ante el Servicio de Impuestos Internos. Esta ampliación de funciones permitirá que tanto las personas naturales como las empresas puedan presentar recursos administrativos para salvaguardar sus derechos frente a actuaciones u omisiones que puedan surgir de estos organismos. Así, se busca un proceso más claro y directo que ayude a los contribuyentes a resolver sus conflictos administrativos sin tener que enfrentar procedimientos engorrosos por su cuenta.
Con la entrada en vigencia de esta ley, se espera un cambio significativo en la relación entre el Estado y los contribuyentes, promoviendo un entorno más justo y accesible. La Dedecon ha destacado el compromiso de velar por la equidad en el ámbito tributario, asegurando que las voces de los contribuyentes sean escuchadas y sus derechos defendidos. Esta nueva fase en la administración tributaria marca un paso importante hacia una mayor transparencia y justicia en el sistema, concretando así un avance en la protección de los derechos de los contribuyentes en el país.
