La reciente encuesta aplicada a 438 empresas revela que el cumplimiento de las nuevas exigencias regulatorias se encuentra significativamente comprometido, evidenciando la falta de protocolos formales en la mayoría de ellas. Esta investigación, presentada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y Defontana, destaca que, aunque hay un notable conocimiento sobre la Ley Karin, se observa un importante déficit en áreas como la ciberseguridad. Este informe es el primero en utilizar el Monitor de Cumplimiento Empresarial, una herramienta innovadora que permite a las compañías autoevaluar su nivel de preparación frente a las crecientes exigencias de la normativa vigente. El propósito es ofrecer un diagnóstico que ayude a las empresas a identificar brechas y a avanzar hacia una cultura de cumplimiento más sólida, según lo expresó María Teresa Vial, presidenta de la CCS.
El informe sugiere que la falta de formalización en los protocolos de cumplimiento pone en riesgo no solo la seguridad interna de las empresas, sino también su reputación ante mercados e inversionistas. Diego González, CEO de Defontana, enfatizó que este índice proporciona a las empresas un estándar medible que permite priorizar recursos y hacer seguimientos de manera equitativa entre distintos sectores. De esta forma, se busca no solo elevar la competitividad de las empresas, sino también fortalecer la confianza que estas generan en la ciudadanía, ante un contexto donde la sobreproducción de leyes podría impactar su autonomía, según lo señalado por Ramiro Mendoza, ex Contralor General de la República.
Los resultados preliminares del Monitor de Cumplimiento Empresarial muestran un escenario desigualmente estructurado con respecto a la implementación de normativas, destacando las diferencias entre micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. El gerente de Estudios de la CCS, George Lever, indicó que el índice elaborado se basa en tres dimensiones: el pilar normativo, el equipo de trabajo, así como los procedimientos y protocolos. Estas dimensiones revelan que, aunque el conocimiento sobre normativas es relativamente alto en las grandes empresas, las microempresas muestran un grave déficit en su comprensión y aplicación. Este patrón sugiere que las limitaciones en recursos impactan significativamente en el desempeño normativo de las pequeñas empresas.
El pilar normativo, que mide el conocimiento sobre el marco regulatorio, arrojó un promedio de 70 puntos, pero esta cifra se desploma en las microempresas, donde se registró un ínfimo 64 puntos, en comparación con los 89 puntos alcanzados por las grandes. Esta brecha de 25 puntos sugiere que las microempresas podrían estar en desventaja en cuanto a acceso a información y recursos para cumplir con los requerimientos de la ley. Por otro lado, el pilar que evalúa la estructura del equipo de trabajo dedicados a cumplimiento mostró un promedio de 62 puntos, evidenciando que la falta de personal especializado en cumplimiento en empresas más pequeñas es una barrera crítica.
Finalmente, el pilar que mide los procedimientos y protocolos se mostró alarmantemente bajo, alcanzando solo un promedio de 11 puntos sobre 100 entre todas las empresas. A pesar de que el conocimiento normativo es relativamente alto, la falta de procedimientos formales indica que el cumplimiento en Chile aún se encuentra en una etapa inicial de desarrollo. La Ley Karin, reconocida por un 86% de las empresas encuestadas, contrasta con la Ley Marco de Ciberseguridad, cuya comprensión sólo alcanza al 36%. Esta disparidad en el conocimiento normativo revela no solo una falta de preparación ante nuevas regulaciones, sino también una urgente necesidad de crear estrategias de adaptación que fortalezcan el cumplimiento normativo entre las pequeñas y medianas empresas en un entorno legal en constante evolución.
