El atentado contra Miguel Uribe Turbay, senador y ex candidato a la alcaldía de Bogotá, ha conmocionado a Colombia e intensificado el debate sobre la violencia política en el país. Uribe fue atacado a tiros mientras se dirigía a sus seguidores en un mitin en Fontibón. El atacante, un joven sicario de apenas 15 años, logró dispararle en tres ocasiones, dos de ellas en la cabeza, antes de ser detenido. La frase dicha por el menor, «¡Perdón! ¡Lo hice por plata, por mi familia!», resuena como un eco de la desesperación y las realidades de los jóvenes atrapados en el ciclo de la violencia y el crimen en Colombia.
Tras el atentado, Uribe fue rápidamente trasladado a una clínica privada en Bogotá, donde se le realizó una operación de emergencia. Según el alcalde de Bogotá, Carlos Galán, el político se encuentra en estado crítico, con un pronóstico reservado tras dos intervenciones quirúrgicas. Su esposa, María Claudia Tarazona, ha hecho un llamado a la ciudadanía para que recen por la recuperación de su marido. La gravedad de las heridas pone en evidencia el peligro que enfrentan los políticos en un clima de violencia política creciente.
La Fiscalía ha actuado de manera rápida, acusando al menor de edad de tentativa de homicidio y tenencia ilegal de armas. La pistola utilizada en el ataque, una Glock 9 mm, fue adquirida en Arizona, lo que pone en evidencia las conexiones entre la criminalidad local y el tráfico de armas. Las autoridades han comenzado una investigación para determinar si el atacante está vinculado a bandas criminales organizadas, lo que podría agravar su situación legal. El menor había sido parte de un programa gubernamental para jóvenes en riesgo, indicando una historia compleja y trágica.
El atentado ha reabierto viejas heridas en Colombia y ha llevado a la familia de Uribe a presentar una denuncia contra la Unidad Nacional de Protección por presunta negligencia en la seguridad del político. A pesar de haber solicitado en más de 23 ocasiones un aumento en su protección, la falta de respuesta ha generado cuestionamientos sobre la eficacia de las medidas de seguridad implementadas por el Estado, sobre todo en un contexto donde las amenazas contra figuras políticas son cada vez más comunes.
Finalmente, la respuesta unificada de todos los partidos políticos en Colombia sirve como un recordatorio del compromiso colectivo para rechazar la violencia. El presidente Gustavo Petro ha denunciado las amenazas que han recibido miembros de su gabinete y sus familias, señalando que estos ataques están relacionados con el clima de violencia presente en el país. Como figura política, Miguel Uribe simboliza la lucha por un mejor futuro para Colombia, y su situación plantea preguntas serias sobre la seguridad de los líderes en tiempos de tensión política.
