El 34° Juzgado del Crimen de Santiago, bajo la magistratura de Edgardo Gutiérrez, ha fallado en favor del sacerdote Felipe Berríos al sobreseer total y definitivamente la investigación en su contra por prescripción de la acción penal. Esta decisión se produjo tras una denuncia presentada por una mujer que lo acusó de abuso sexual, en un caso que data de agosto del año 2000, cuando la víctima contaba con 15 años. Aunque la denuncia había sido considerada seria y se iniciaron acciones legales en su contra, el juez determinó que los hechos habían prescrito, lo que permitió al imputado salir libre de cargos.
El fallo judicial, que ha generado una ola de reacciones en la comunidad, destaca varios aspectos cruciales que fueron evaluados durante el proceso. Entre ellos, se encontraban la naturaleza del abuso, la posición de poder que ocupaba Berríos como sacerdote y la coherencia del relato de la víctima, que fue considerado consistente a lo largo del tiempo. La denuncia puntualizó un incidente durante un retiro espiritual en el Santuario de Schoenstatt, donde se presentaron evidencias que, según el fallo, acreditaban una vulneración sexual y la existencia de dolo en la conducta del acusado.
El juez Gutiérrez subrayó que a pesar de que el testimonio de la víctima resultó ser creíble y concordante con otros elementos probatorios, la decisión de sobreseer la causa obedece a que los hechos habían ocurrido hace más de dos décadas. La normativa legal chilena establece un plazo específico para la prescripción de delitos, y en este caso particular, dicho plazo se había agotado. Como resultado, el tribunal se vio obligado a declarar extinguida la responsabilidad penal del sacerdote, a pesar de los hallazgos que podrían haber indicado un comportamiento delictual en el pasado.
La comunidad afectada ha mostrado su descontento frente a la decisión del tribunal, resaltando la continua lucha por la justicia y el apoyo a las víctimas de abusos sexuales. Organizaciones de derechos humanos y grupos de apoyo a víctimas han expresado su preocupación por el impacto que la prescripción de estos delitos tiene en la denuncia pública y la credibilidad de los relatos de las víctimas, especialmente en casos donde el abuso se perpetúa en contextos de poder. Esto pone de manifiesto la necesidad de revisar las leyes que regulan la prescripción en delitos de abuso sexual, en particular aquellos cometidos por figuras con autoridad.
El caso de Felipe Berríos ha revivido el debate sobre la relación entre el poder religioso y la justicia, así como la importancia del apoyo a las víctimas en procesos legales. A pesar del fallo que concluyó en un sobreseimiento, muchos demandan que la sociedad reconozca y escuche las voces de quienes han sufrido abusos, abogando por un sistema que garantice el derecho a la justicia, independientemente del tiempo que haya pasado desde que ocurrió el delito. Este proceso judicial pone de manifiesto no solo la urgencia de cambios legales, sino también la necesidad de un cambio cultural que favorezca la denuncia y el respeto hacia las víctimas.
