La Contraloría General de la República ha puesto en evidencia un alarmante déficit en el control que ejerce la Dirección de Crédito Prendario, comúnmente conocida como Tía Rica. Según un reciente informe, se constató que numerosas personas con antecedentes penales han logrado empeñar bienes, lo que plantea serias interrogantes sobre la gestión de esta institución. Durante el último periodo, se realizó una auditoría exhaustiva sobre los créditos otorgados con garantías prendarias, centrándose en aspectos críticos como la administración, custodia, liquidación y renovación de operaciones, así como el pago de excedentes tras remates hechos entre 2023 y 2024.
Los hallazgos de la auditoría son significativos: en 2023 se documentaron 4,769 usuarios que realizaron transacciones recurrentes, con un total de entre 10 y 229 operaciones por persona, acumulando un asombroso monto de $7,139 millones. Para el año 2024, esta cifra ha crecido aun más, alcanzando 4,895 usuarios y operaciones por $7,290 millones, destacando la inquietante frecuencia de hasta 230 empeños por individuo. Más preocupante aún es que 1,681 de estos usuarios contaban con antecedentes penales, llevando a cabo transacciones que sumaron $1,507 millones, sin conseguir recuperar sus bienes empeñados.
La falta de controles adecuados es un tema que resalta en el informe, donde se observó la ausencia de procedimientos básicos para verificar datos personales, la legitimidad de la procedencia de los bienes y la correcta identificación de los usuarios. Esta falta de rigor deja la puerta abierta a prácticas fraudulentas y al empeño de propiedades de dudosa procedencia. Asimismo, se evidenció que no existe un sistema de alertas para detectar operaciones reiteradas, ni coordinación con organismos policiales, lo que dificulta la posibilidad de esclarecer situaciones delictivas que involucren los bienes empeñados, los cuales poseen características que podrían ser útiles para investigaciones, como números de serie y estado.
Frente a esta alarmante situación, la Contraloría ha decidido tomar cartas en el asunto, indicando que se iniciará un procedimiento disciplinario con el objetivo de identificar responsabilidades administrativas entre los funcionarios involucrados. Además, el informe ha sido remitido al Ministerio Público para que se tomen las medidas legales pertinentes. La Contraloría ha ordenado a la Dirección de Crédito Prendario (DICREP) que implemente mejoras en sus controles operativos, con el compromiso de realizar un seguimiento exhaustivo en futuras auditorías.
La probidad y transparencia en las instituciones que manejan créditos prendarios son fundamentales para proteger a la ciudadanía y garantizar que los recursos del Estado se administren adecuadamente. Este caso pone de manifiesto la urgencia de fortalecer los mecanismos de control y regulación dentro de la DICREP, para evitar que situaciones similares se repitan. Al mismo tiempo, se hace necesario fomentar una colaboración efectiva entre las entidades gubernamentales y organismos de seguridad, a fin de contribuir a la vigilancia patrimonial y la seguridad de las personas en el ámbito financiero.
