En una jornada decisiva para la gestión pública, el Diario Oficial publicó la Ley 21.770 y la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS), dos hitos que modernizan la tramitación de permisos para proyectos de inversión públicos y privados. La normativa, impulsada por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, establece la simplificación de trámites, la tramitación paralela de autorizaciones, una ventanilla única digital y la creación de una Oficina de Autorizaciones Sectoriales para supervisar los procesos. El objetivo es acortar entre un 30% y un 70% los tiempos de espera para iniciativas de inversión, y un 50% para proyectos estratégicos.
El ministro de Economía, Álvaro García, subrayó que la nueva normativa cambia la lógica de gestión de permisos: en lugar de cinco trámites consecutivos, estos pueden realizarse en paralelo, con lo que el tiempo de tramitación se reduce de forma significativa.
Entre las medidas destacan la tramitación paralela de autorizaciones, el uso de técnicas habilitantes alternativas, la implementación de una ventanilla única digital y la creación de una institucionalidad técnica especializada. También se habilita un canal reservado de denuncias y se introduce un mecanismo de silencio administrativo, positivo y negativo, que permitirá aprobación o rechazo automático de proyectos que superen los plazos establecidos, con posibilidad de apelación.
La Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales entró en vigencia tras aprobarse en el Congreso en 2024 y contempla un régimen de implementación gradual. Las normas mínimas de procedimiento, el régimen de sanciones a jefaturas de servicio, la puesta en marcha de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales, la plataforma digital SUPER y la tramitación ágil de iniciativas estratégicas seguirán tres fases: desde la publicación hasta los seis meses, entre el sexto y el noveno mes, y hasta completar un año desde la publicación.
El marco se enmarca en el Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal, conocido como Fast Track Económico, y apunta a que grandes proyectos como la línea de transmisión Quimal-Lo Aguirre avancen con mayor certeza y menor demora. En la práctica, se estima que más de 40 cuerpos legales serán modificados para que el sistema funcione de manera coordinada, reduciendo tiempos y costos y fortaleciendo la inversión pública y privada en todo el país.
