La Fiscalía Regional de Antofagasta ha confirmado este martes el cierre de la investigación en torno a los casos conocidos como Democracia Viva, Fibra, Fusupo y Tomarte, en el marco del Caso Convenios. Este anuncio se produce en un contexto crítico, ya que marca el inicio de un plazo de diez días para que la Fiscalía presente acusaciones formales contra siete imputados involucrados en esta causa. Entre los acusados se encuentra la diputada desaforada Catalina Pérez, quien se ha visto envuelta en controversias debido a su relación anterior con Daniel Andrade, fundador de la fundación Democracia Viva, actualmente bajo arresto domiciliario por múltiples cargos de fraude al fisco.
El caso tomó notoriedad pública el 16 de junio de 2023, cuando el medio local Timeline reveló un escándalo relacionado con un convenio por $426 millones firmado entre Democracia Viva y el exsecretario regional de Vivienda y Urbanismo, Carlos Contreras. Este acuerdo, que prometía entregar insumos a comunidades vulnerables de Antofagasta, fue objeto de críticas por la aparente falta de experiencia de la fundación y la carencia de justificaciones claras para las transferencias económicas. Además, se mencionó que los pagos fueron diseñados para esquivar la supervisión de la Contraloría, lo cual generó aún más desconfianza sobre la legalidad del convenio.
Catalina Pérez, actual diputada y exjefa de gabinete de Contreras, ha sido objeto de feroz cuestionamiento por su implicancia en la gestión del convenio con Democracia Viva. Además de ella, otros seis individuos han sido formalizados en este escándalo, incluyendo a Contreras, quien también fue acusado en diciembre de 2023 por tres delitos de fraude al fisco. Este desarrollo ha agregado presión sobre la figura pública de Pérez, quien ha enfrentado llamados a la renuncia y una creciente indignación pública sobre la posible corrupción dentro de las instituciones.
La Fiscalía de Antofagasta ha declarado que ha agotado todas las diligencias necesarias para dar cierre a la investigación, lo que indica que se ha recolectado suficiente evidencia para pasar a la fase de acusación. Este proceso no solo afecta a las personas acusadas directamente, sino que también tiene implicaciones sobre la confianza pública en las instituciones gubernamentales. El llenado de este vacío normativo y administrativo es crucial para restablecer la credibilidad en los procesos de cooperación entre el Estado y las fundaciones.
En el contexto de la política chilena, este caso resalta la urgencia de establecer mecanismos de control más rigurosos para evitar incidentes de corrupción y mal uso de recursos públicos. Con la presentación de acusaciones inminente, la sociedad chilena observa detenidamente cómo se desarrollará el proceso judicial y cuál será el impacto de este escándalo en el futuro político de los involucrados, especialmente para Catalina Pérez, quien hasta ahora se ha defendido de las acusaciones, argumentando que no ha cometido irregularidades.
