La Dirección del Trabajo (DT) ha emitido el Dictamen N.°447/13 que establece las pautas sobre la Ley N.° 21.751, publicada el pasado 28 de junio de 2025. Esta nueva normativa tiene como objetivo reajustar los montos del Ingreso Mínimo Mensual (IMM), la Asignación Familiar y Maternal, así como el Subsidio Único Familiar. Con base en el dictamen, el ingreso mínimo para los trabajadores que oscilan entre los 18 y 65 años se incrementará a $529.000 pesos a partir del 1 de mayo de 2025, y pasará a $539.000 pesos desde el 1 de enero de 2026. Este ajuste representa no solo un alivio financiero para numerosas familias, sino también un paso relevante hacia la mejora de las condiciones laborales en el país.
Para aquellos trabajadores menores de 18 años y mayores de 65 años, los montos establecidos serán de $394.622 pesos en mayo de 2025 y de $402.082 pesos en enero de 2026. Por otro lado, para los efectos no remuneracionales, los montos fijados son de $340.988 y $347.434 pesos, respectivamente, en las mismas fechas. Esta diferenciación busca adecuar el salario a las circunstancias de diversos grupos etarios, teniendo en cuenta el costo de la vida y las necesidades económicas que enfrenta cada uno de ellos, y subraya el compromiso del Estado con el bienestar de sus ciudadanos más vulnerables.
El dictamen también enfatiza el carácter retroactivo de la Ley N.° 21.751, indicando que las nuevas cifras están vigentes desde el 1 de mayo de 2025, lo que implica que los empleadores están obligados a realizar los ajustes necesarios en los sueldos base de sus trabajadores de manera retroactiva. Además, deberán reinstaurar diferenciales en gratificaciones conforme al artículo 50 del Código del Trabajo, lo que podría tener un impacto significativo sobre las finanzas de las empresas. Esta disposición busca garantizar que todos los trabajadores reciban el mínimo legal establecido, evitando así posibles vulneraciones a sus derechos laborales.
Al respecto, Jorge Arredondo, Socio Líder del Grupo Laboral de Albagli Zaliasnik, destacó la importancia de una correcta planificación por parte de las empresas ante estos cambios. Arredondo aseveró que la confirmación del carácter retroactivo de la ley resalta la necesidad de que las empresas diseñen procesos internos eficientes y sistemas de control que les permitan implementar de manera ágil estos ajustes, evitando así complicaciones legales y promoviendo un ambiente de confianza entre empleador y trabajador. La gestión de remuneraciones y cotizaciones, según él, debe ser tratada como una prioridad en la administración de recursos humanos.
Finalmente, la DT ha instado a los empleadores a regularizar las declaraciones y pagos de las cotizaciones previsionales de acuerdo a las indicaciones de la Superintendencia de Pensiones. Esta llamada a la acción se considera crucial para asegurar el correcto cumplimiento de las obligaciones laborales, y al mismo tiempo, para fortalecer la protección social de los trabajadores. Con estas medidas, el Gobierno espera que el nuevo marco legal no solo mejore la calidad de vida de los trabajadores, sino que también contribuya a la formalización del empleo en el país, al garantizar salarios justos y la protección de derechos laborales.
