Un juez del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz ha tomado la decisión de mantener activa la orden de captura contra el expresidente boliviano Evo Morales, a pesar de un fallo anterior que anulara dicha orden. Este fallo fue emitido por la jueza de Santa Cruz, Lilian Moreno, quien había determinado que el caso en contra de Morales, acusado de presunta trata agravada de personas, debía continuar en Cochabamba, un territorio que ha sido el bastión político y sindical del exmandatario. La situación se complica ya que el juez Franz Zabaleta ha señalado que la medida cautelar estará vigente hasta que se resuelva la queja presentada en el caso, lo que genera incertidumbre sobre el futuro legal de Morales.
El abogado de Evo Morales, Nelson Cox, había afirmado que la decisión de la jueza de Santa Cruz otorgaba la ‘libertad irrestricta’ al expresidente, lo que a su juicio no podía ser apelado. Sin embargo, esta determinación ha sido suspendida por Zabaleta, quien ha ordenado que el caso permanezca bajo revisión. La defensa de Morales argumenta que el proceso fue cerrado en 2020 y posteriormente reabierto con una nueva acusación, lo que suma a la ya complicada trama judicial que enfrenta el exmandatario por las acusaciones de tener un hijo con una menor de edad durante su presidencia.
Desde la emisión de la orden de captura en octubre de 2024, la situación ha sido tensa. Los seguidores de Morales bloquearon carreteras en protesta, defendiendo al exlíder del Movimiento al Socialismo (MAS). Se menciona que Morales ha permanecido en el Trópico de Cochabamba bajo la protección de sus aliados, lo que resalta el fuerte apoyo que aún tiene en ciertos sectores de la población. Sin embargo, las tensiones aumentaron cuando un tribunal de Tarija declaró en rebeldía al expresidente por no presentarse a audiencias, alegando razones de salud.
Evo Morales también ha criticado al juez Zabaleta, señalando que tiene «nefastos antecedentes» y cuestionando su imparcialidad. El exmandatario vinculó al juez con acciones corruptas y mal manejo del poder judicial, lo que añade un nuevo nivel de confrontación en la narrativa pública. Estas declaraciones refuerzan el clima de polarización entre Morales y el actual gobierno de Luis Arce, exacerbado por sus diferencias sobre el manejo del país y el partido MAS, especialmente tras la proclamación de Arce como candidato presidencial.
A pesar de los altos niveles de controversia y los desafíos legales que enfrenta, Evo Morales ha manifestado su intención de postularse nuevamente a la presidencia en las elecciones programadas para el 17 de agosto. La defensa de Morales y sus seguidores han anunciado planes para marchar hacia La Paz con el objetivo de inscribir su candidatura, desafiando la prohibición de reelección que existe en la constitución boliviana. La situación se mantiene inestable, con Morales desplazándose en un entorno de tensión política y su futuro electoral colgando de la balanza.
