La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ha anunciado sanciones significativas a Larraín Vial Activos S.A. Administradora General de Fondos, su exgerente general Claudio Yáñez Fregonara, y otros directores por sus graves incumplimientos en la gestión del Fondo de Inversión Capital Estructurado I. Tras un proceso sancionador que se inició en octubre de 2024, la CMF impuso multas que ascienden a UF 60.000 para la administradora y UF 15.000 para Yáñez. Estas multas se aplicaron debido a la manipulación engañosa de la valoración de los activos del fondo, presentando créditos deteriorados como si fueran inversiones en equity, lo que llevó a los inversionistas a decisiones de compra basadas en información falsificada.
Los exdirectores de Larraín Vial, entre ellos Andrea Larraín Soza y Sebastián Cereceda Silva, también enfrentan sanciones de UF 5.000 cada uno. La CMF determinó que estos directores incumplieron gravemente sus deberes fiduciarios al adquirir títulos de deuda deteriorados sin considerar el riesgo asociado ni realizar descuentos pertinentes, agravando aún más la situación financiera del fondo. Estas infracciones no solo perjudicaron el patrimonio del fondo, sino que también comprometieron la confianza de los inversionistas, quienes esperaban un manejo transparente y responsable de sus aportes.
Adicionalmente, STF Capital Corredores de Bolsa y su exgerente Luis Flores Cuevas recibieron sanciones de UF 8.000 cada uno debido a prácticas similares de información engañosa. La CMF determinó que inducieron a los inversionistas a la compra de cuotas de la Serie B del fondo bajo la falsa premisa de que significaban un valor sustancial respaldado por inversiones significativas de otros inversionistas. Esta desinformación condujo a que el mercado y los inversionistas operaran con una percepción errónea sobre la estabilidad y la naturaleza real del fondo, lo que constituye un grave atentado contra la transparencia del mercado.
La reestructuración del Fondo, llevada a cabo para mitigar los daños financieros de Inversiones San Antonio, reveló aún más la complejidad de las interacciones entre las empresas involucradas. A través de la Resolución N°8537 de 2025, la administración intentó convertir los créditos deteriorados en cuotas que pudieran ser más fácilmente asimiladas por nuevos inversores. Sin embargo, las promesas de reestructuración no garantizaban el cumplimiento efectivo, dejando a los inversionistas expuestos a riesgos importantes que no fueron debidamente comunicados por la administración.
En respuesta a la gravedad de las infracciones, la CMF ha decidido remitir los antecedentes al Ministerio Público para investigar posibles responsabilidades penales. Las implicaciones de esta situación van más allá de las multas económicas; representa un llamado a la reflexión sobre la regulación y el comportamiento ético en la administración de fondos de inversión en Chile. La confianza del público en el sistema financiero depende de la integridad y transparencia de los administradores, y las acciones recientes subrayan la necesidad de un marco regulatorio más robusto para proteger a los inversionistas.
