Kastor, una plataforma chilena especializada en la gestión digital de comunidades, ha llevado a cabo un exhaustivo análisis sobre el panorama de la administración de edificios y condominios en Chile. Este estudio, que abarcó más de 3,000 comunidades, ha revelado que el promedio de honorarios mensuales que reciben los administradores asciende a $978,000. Esta cifra ilumina el creciente reconocimiento de la importancia del rol del administrador, sobre todo en un contexto donde la nueva ley exigirá la profesionalización del rubro, marcando un antes y un después en la gestión de comunidades residenciales.
Francisca Escobar, directora de Kastor, señala que los honorarios de los administradores varían dependiendo de varios factores, tales como el tamaño del edificio y los requerimientos específicos de los copropietarios. En general, se establece un porcentaje del gasto común mensual, que puede oscilar entre el 4% y el 10%. Así, en un condominio con un gasto común de $10 millones, el administrador podría recibir entre $400,000 y $1 millón. Este modelo de pagos refleja la variabilidad en los niveles de servicio y la carga administrativa que cada comunidad implica.
El estudio también puso de manifiesto que los edificios de mayor tamaño y complejidad tienden a remunerar mejor a sus administradores. La directora Escobar explicó que los datos son representativos de edificios ubicados en zonas urbanas de alto estándar, como Las Condes y Providencia, donde las expectativas de servicio son mayores. Factores como la cantidad de unidades habitacionales y la existencia de instalaciones comunes como piscinas o gimnasios juegan un papel crucial en la determinación de los honorarios. Asimismo, el número de personal a supervisar y la ubicación geográfica se suman a las variables que condicionan los salarios.
Desde septiembre, entrará en vigor una nueva normativa que exigirá a los administradores estar inscritos en el Registro Nacional de Administradores de Condominios, además de requerir capacitación certificada. Esta ley, parte de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria N° 21,442, busca asegurar que la gestión en comunidades residenciales cuente con estándares más altos de desempeño, promoviendo la transparencia en los gastos comunes y garantizando procesos trazables. Este cambio normativo responde a la necesidad de contar con profesionales calificados que aseguren una administración eficiente y transparente.
Finalmente, Francisca Escobar resalta que la gestión de un administrador va mucho más allá de tareas básicas como el pago de cuentas; requiere de conocimientos contables, legales y habilidades tecnológicas. Con el uso de herramientas digitales, los administradores pueden optimizar su labor, automatizando tareas y mejorando la comunicación con los residentes. Esto no solo repercute positivamente en la percepción del servicio, sino que también potencia el valor de las propiedades y la convivencia vecinal. “Una buena administración no solo evita conflictos, sino que mejora la calidad de vida y puede aumentar significativamente el valor de las propiedades”, concluyó.
